Dos búsquedas

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España ocupa el segundo lugar del mundo entre los países con mayor número de personas desaparecidas cuyos restos no han sido identificados ni recuperados. En ese macabro ránking solo la aventaja Camboya, que en los cuatro años de terror en los que los jemeres rojos instauraron su dictadura comunista padeció un genocidio que acabó con la vida de 1,7 millones de personas. Las cifras españolas palidecen frente a la brutalidad de Pol Pot. Según la asociación Jueces para la Democracia, en nuestro país hay todavía 114.000 desaparecidos como consecuencia de la Guerra Civil y la represión que a su término los franquistas siguieron ejerciendo durante largo tiempo. El Gobierno de Rodríguez Zapatero impulsó medidas legislativas que permitieron reducir en algo una cifra que debiera avergonzar a un país. El de Mariano Rajoy hizo todo lo que estuvo en su mano para paralizar la búsqueda de quienes permanecen en cunetas o fosas comunes. Había otras prioridades.

Una organización internacional poco sospechosa de radicalismo, la ONU, instó en 2014 al Gobierno de Rajoy a asumir su responsabilidad y a llevar a cabo una política “comprensiva, coherente y permanente” que permitiera la recuperación de los restos de esos desaparecidos. El grupo de trabajo dio un plazo de 90 días para que el ejecutivo español fijase las medidas a tomar. Rajoy sigue mirando para otro lado. Al poco de que los enviados de la ONU vinieran a España para recabar datos con los que elaborar su informe, nuestra representante ante esa organización se quejó por el desmedido interés prestado a esas desapariciones forzadas. “La excesiva atención al pasado dificulta la identificación de problemas futuros y presentes”, expuso sin rubor Ana Menéndez, quien trasladó el desasosiego del Gobierno que la había nombrado “por el excesivo número de preguntas referidas al pasado”. Restituir la dignidad de esas personas asesinadas no corría prisa.

Por esas fechas, un Ayuntamiento gobernado por el mismo partido que dirigía el país ponía el dinero necesario para la búsqueda de los restos de otro español. Este, que había tenido una vida más bien azarosa y peregrina, escrito algunos libros y muerto en una situación lindante con la pobreza, llevaba desaparecido algo más de tiempo que ese puñado de republicanos incapaces de quitarle el sueño al presidente de un Gobierno liberal y de centro. Bueno, de centro-derecha. De aquel poetón fracasado, novelista de algún mérito, no se sabía mucho desde que sus restos, enterrados el 23 de abril de 1616 en la originaria iglesia de San Ildefonso de Madrid, fueron trasladados al final de esa centuria a un nuevo templo dentro del convento de las Trinitarias. Una lápida de mármol blanco italiano, esculpida por Ponciano Ponzano, recuerda desde 1869 que allí estaba enterrado Miguel de Cervantes. Pero nadie sabía con exactitud dónde. Después de los trabajos realizados en dos fases, y en los que han participado reconocidos expertos como el forense Francisco Etxebarría, la luz arrojada por la investigación ha sido escasa. Solo ha permitido saber que cabe la posibilidad de que correspondan a Cervantes algunos de los huesos encontrados en el nivel de enterramiento más profundo existente en la cripta del convento de las Trinitarias Descalzas de San Ildefonso. En el remozado Museo de Historia de Madrid, una exposición fotográfica documenta ese trabajo en pos de los restos del autor de El Quijote. Una búsqueda que fue recibida con disparidad de opiniones por parte de escritores e intelectuales. Si hubiera habido la certeza absoluta de que ahí yacía el insigne novelista, más bien poco se podría haber añadido a lo que conocemos de él. A falta del ADN, el saber indubitable se ha quedado en una conjetura apoyada por una variedad amplia de saberes científicos.

La atención prestada a unos pocos huesos del literato español más universal no se sabe si habrá sido excesiva, ni si dificultará el hallazgo de nuevos autores presentes y futuros en la literatura española. Un responsable del Ayuntamiento madrileño, que tradujo los 114.000 euros invertidos en la localización de Cervantes en un retorno mediático equivalente a cien millones de euros, dijo también que el PP no pedirá perdón por encontrar los restos del manco de Lepanto. Nunca pide perdón, el PP. Ni siquiera cuando echa en falta “un poco de piel”. Tampoco lo hará con los 114.000 republicanos desaparecidos. Ni con sus familiares. A diferencia del Ayuntamiento de Madrid, ellos no tienen derecho a ir, con dinero público, tras el rastro de unos huesos.

Publicado en Escuela (11 junio 2015)


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